10 septiembre 2009
Este articulo da una vista global de un acuerdo binacional entre Brasil y el Perú para la construcción de seis represas hidroeléctricas en territorio peruano. Específicamente, compara el propuesto proyecto hidroeléctrico de Inambari con un trato semejante firmado en 1973 entre Brasil y Paraguay, el cual ha tenido graves consecuencias para los paraguayos.
Fuente: Marc Dourojeanni, La Revista Agraria
El artículo original con imágenes :
Un reciente acuerdo intergubernamental autoriza a Brasil a construir y operar seis grandes hidroeléctricas en la selva alta peruana. Sus impactos sociales y ambientales son potencialmente enormes, pero el gobierno no ha abierto un debate nacional sobre el tema. Aunque un poco tarde, es momento de darle inicio.
En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana —caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales— ha surgido otro elemento determinante: se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García, del Perú, y Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, lanzaron formalmente, el 28 de abril pasado, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de varias grandes represas en los ríos de la selva alta peruana, que, según la información oficial, deberán abastecer, principalmente, la insatisfecha demanda energética del país vecino. La noticia de la firma del memorando de intención entre Brasil y Perú —uno de cuyos seis puntos hace referencia a las hidroeléctricas— fue mucho más comentada en Brasil que en el Perú, donde, a pesar de su evidente importancia geopolítica, económica, social y ambiental, pasó casi desapercibida. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes
hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprometiéndose a comprar al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas por construir son Inambari
(2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatán (750 MW) y Chuquipampa (800 MW), con un costo conjunto en el orden de los US$16 mil millones. Estos proyectos de represas han sido recogidos de un estudio de los años setenta, que encontró numerosas posibilidades en la selva peruana, de las que 14 fueron consideradas prioritarias. Los brasileños escogieron las seis que más les convienen. El primer proyecto seleccionado por los brasileños es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cusco y Puno, que costaría unos US$4 mil millones. Apenas para brindar una idea de sus dimensiones, la represa de Inambari sería —en términos
de generación de energía— la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46 mil hectáreas. Si bien la firma del memorando entre ambos gobiernos es de abril último, las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes. Según informaciones periodísticas, en el Perú ya están funcionando dos nuevas empresas: la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC (conformada principalmente por Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil) y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por dos estatales brasileñas (Eletrobras y Furnas) y la constructora OAS, también de ese país. Los estudios ya estarían siendo realizados con base en una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008 —es decir, casi un año antes de la reunión presidencial.
A estas alturas, sin mayor información, es difícil evaluar si esta negociación representará un beneficio para el Perú. En el caso del Inambari, las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de impacto ambiental, que, como era previsible, dice en esencia «que no hay problema » y que los que habrá son fáciles de resolver. Esto es inverosímil, pues es evidente que la construcción de esta represa
tendrá enormes repercusiones ambientales y sociales extremas. Tampoco queda claro cuáles serán las repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo. Precisamente, ahora Brasil y Paraguay están confrontando una situación difícil con relación a la represa de Itaipú, construida en condiciones similares a las que ahora se plantean para las seis represas peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Pero el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, porque Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad.
No importa, en este caso, quién tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo. Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a los países vecinos. Pero antes de tomar la decisión, es preciso realizar todos los estudios respectivos y no tomar decisiones apresuradas. En el caso que nos ocupa, debido a su magnitud, es preciso hacer una evaluación socioambiental estratégica que aborde la-totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente el del Inambari.
En todo caso, es obvio que, debido a su importancia, el tema debe ser discutido nacionalmente antes de lanzarse a hacer las obras. Los promotores peruanos de la obra deben responder básicamente tres
preguntas: a) ¿cuál es el estado actual del compromiso del Perú con las empresas y el gobierno brasileño en el caso del Inambari y los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?; b) ¿hasta qué punto el avance de los estudios de factibilidad del Inambari —que no cuenta con estudios de prefactibilidad, incluyendo aspectos sociales y ambientales— no demuestra que la obra ya está decidida, comprometiendo la opción de no hacer la obra si sus impactos son excesivos, como manda la legislación ambiental peruana?; y c) ¿qué beneficios tendráserá estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que, por añadidura,
compraría también la mayor parte de la producción? ¿Se ha tenido en cuenta el riesgo (alto) de que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, y que nuestro país deba continuar pagando la gigantesca deuda contraída?
Resulta difícil entender por qué el gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas.