5 agosto 2010
No es lo mismo que el Banco Mundial promueva el discurso de la transparencia y la divulgación de información, que comprometerse públicamente a ser una organismo público financiero internacional, cuya misión es el alivio de la pobreza y que por coherencia respeta todos los derechos de las personas afectadas por los proyectos que financian. Lamentablemente, el Banco no ha querido asumir este compromiso.
Valeria Enríquez, Fundar
4 de agosto de 2010
Hace unas semanas el Banco Mundial estrenó una política de divulgación de información que, aunque es superior y progresista si se confronta con las de otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) -llámese Banco Interamericano de Desarrollo o Fondo Monetario Internacional-, deja mucho qué desear comparada con la Ley Federal de Transparencia mexicana.
Si bien este no es el espacio para entrar en detalles técnicos de las deficiencias de la nueva política, sí lo es para hablar sobre el marco que determina los límites de este nuevo interés por la transparencia y la rendición de cuentas: palabras de moda, imprescindibles en cualquier discurso de altos funcionarios y dirigentes de las IFIs, pero muchas veces carentes de valor, significado y, sobre todo, de un profundo compromiso por el derecho que tiene cualquier persona a enterarse de lo que los bancos están financiando en sus regiones, de los espacios existentes para poder participar de manera efectiva en los procesos, y de los actores y recursos involucrados.
Dicen por ahí que “la intención es lo que cuenta” y por lo tanto, no es lo mismo que el Banco Mundial promueva el discurso de la transparencia y la divulgación de información para cambiar o limpiar su imagen y ser considerado como una nueva institución que capacita, genera información y crea desarrollo, que comprometerse públicamente a ser una organismo público financiero internacional, cuya misión es el alivio de la pobreza y que por coherencia respeta todos y cada uno de los derechos de las personas y sobre todo de las comunidades que pueden resultar afectadas por los proyectos que financian.
Lamentablemente, el Banco no ha querido asumir este compromiso. En ningún párrafo de su política ni en ninguna línea del manual que elaboró para los empleado se encuentra esta idea fundamental. El Banco prefiere y opta por mantener su discurso dentro del marco de la institucionalidad y del buen gobierno, pero nunca de derechos.
En la práctica, esta institución no ha mostrado mucho interés ni compromiso en adoptar un enfoque de derechos, pero sí de imagen. Por ejemplo, recientemente fui invitada por casualidad a una cena en un piso muy alto de la Torre Mayor, donde el objetivo central era conocer la percepción de la decena de invitados sobre el Banco Mundial y evaluar si su imagen había cambiado con el tiempo. Mi cuestionamiento fue: ¿Y entonces, porque invitan a 10 personas? ¿Por qué no hacen una consulta con los afectados por sus proyectos para ver en realidad las acciones que deben cambiar y fortalecer? Intuí la respuesta de inmediato: no lo hacen porque no lo necesitan; saben perfectamente (porque hay estudios independientes y del propio Banco que lo confirman) los puntos débiles y lo que deben cambiar. Este evento es un asunto de imagen y de requisito para justificar a los países miembros que el Banco merece un aumento de capital similar al que están pidiendo otras IFIs, y en teoría poder aumentar el volumen de préstamos a los países que más lo necesitan.
Mayores recursos, por supuesto, no es el problema. Pero sí la falta de transparencia. Más no es mejor, como decía un colega cuando el Banco Interamericano de Desarrollo atravesó hace un par de meses por el mismo proceso de aumento de capital.
Mejor es mejor, y a eso se debe comprometer el Banco: a mejorar su transparencia, sus espacios para la participación efectiva, pero sobre todo a mejorar el impacto real de sus proyectos para que esos recursos internacionales etiquetados para promover el desarrollo en realidad lo sean y no sigan perpetuando círculos viciosos de deuda sin transformar los problemas de fondo que ya tienen identificados.
Ahora los tiempos nos favorecen si queremos incidir en el Banco Mundial y en general en los procesos que involucran fondos públicos internacionales que comprometen al Gobierno Federal. Los reflectores internacionales están sobre México y de alguna manera también sobre el Banco, debido a la próxima conferencia anual sobre cambio climático, la famosa cop16 que se llevará a cabo en Cancún a finales de este año.
Lo anterior pudo haber influido para tener la visita en México del presidente del Banco Mundial hace unas semanas. Entre otros compromisos, firmó públicamente con el Secretario de Hacienda dos contratos “verdes” por 800 millones de dólares para apoyar las políticas públicas de cambio climático y de paso presumió el compromiso de este país en la formulación de políticas ecológicas en estrecha colaboración con la institución que representa. Nuevamente estamos frente a un discurso.
Es cierto que el Banco Mundial tiene sus ojos puestos en ocupar un papel significativo en las negociaciones sobre la definición de una nueva arquitectura financiera que maneje los fondos millonarios internacionales que se estarán moviendo para enfrentar el cambio climático, sobre todo en países en desarrollo.
Son billones de dólares que desde Copenhague el Banco está intentando captar para manejar los fondos del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) y para crear otros nuevos fondos fiduciarios sobre el cambio climático. Por lo anterior, también es prioritario seguir exigiendo mayores estándares y compromisos de transparencia y de acceso a la información en las IFIs, ya que los sectores agrarios y forestales serán los más involucrados en los temas referentes al cambio climático, y por tanto México es una pieza clave. Actualmente ya somos destinatarios de algunos de estos fondos internacionales, pero en el futuro cercano recibiremos muchos más, por lo que serán necesarios monitoreo estricto, marcos transparentes y ojos vigilantes para que la opacidad y el mal uso de recursos no sean opción.
* Valeria Enríquez es investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación para el área de Transparencia y Rendición de Cuentas en Instituciones Financieras Internacionales, y colabora de México Infórmate.