25 agosto 2010
Sin el apoyo decidido del Presidente de la República, la iniciativa de dejar en tierra los 846 millones de barriles de petróleo de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini va camino al fracaso.
Fuente: Expreso
Una iniciativa para cambiar la historia, es la frase que se expone en buena parte de los países del primer mundo y América Latina. Sintetiza la propuesta del gobierno de la “Revolución Ciudadana” de no explotar 846 millones de barriles de petróleo, que están en las profundidades del Parque Nacional Yasuní, a cambio de obtener de la comunidad internacional una retribución equivalente a la mitad del valor comercial de la explotación del crudo.
Pero la tan publicitada propuesta que tomó pista el pasado 3 de agosto, con la firma del fideicomiso que impulsa a contribuir a los gobiernos internacionales con recursos para impedir la explotación, no llegó a despegar. Para la firma estaban en uno de los salones de la Cancillería todos los interesados: los representantes de las Naciones Unidas, el vicepresidente Lenín Moreno, los técnicos que elaboraron el fideicomiso, los ministros que impulsaron la política. Todos, excepto el más importante: el presidente Rafael Correa.
El fideicomiso es una herramienta financiera que sustenta su éxito en la confianza de los participantes. Alberto Acosta cree que el Presidente no ha dado señales claras de respaldo. “En enero, dijo que la iniciativa Yasuní ITT era el proyecto estrella de su gobierno, pero ahora no acude a su firma, prefiere recibir a Angelina Jolie y presenciar la firma del contrato del aeropuerto de Quito”.
Luego se vino en el informe a la nación y ante toda la comunidad internacional abundó en detalles del plan B, que implica la explotación de la zona y que está mucho más avanzado que la propuesta de no explotación. “La ministra María Fernanda Espinosa -actual impulsora de la propuesta- habrá estado sudando frío”, replica.
Los términos de referencia del fideicomiso especifican que se “emitirán Certificados de Garantía Yasuní (CGY) por el valor nominal de las compensaciones hasta alcanzar el monto de las 407 millones de toneladas de dióxido de carbono no emitidas”.
En diciembre pasado Gerardo Honty, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, con sede en Uruguay, redactó un largo artículo sobre los cabos sueltos de la propuesta y señalaba que la sola permanencia del crudo en el subsuelo no puede garantizar la reducción de emisiones, en tanto no exista un límite global a la explotación petróleo.
Pero el carácter de los CGY es de garantizar a los donantes los recursos adjudicados por defender una zona megadiversa, con yacimientos de petróleo en áreas de alta sensibilidad, ecológica y cultural. “El trato es que si se explota el petróleo los CGY emitidos por el Estado garantizan la devolución de esos recursos”, dice Acosta.
El abogado ambientalista Mario Melo es terminante en señalar que sin confianza la obtención de recursos por la no explotación del tren estructural de Ishpingo, Tambococha y Tiputini, fracasará. “Si no existe confianza los CGY, que son documentos que no están diseñados dentro de los esquemas que han venido funcionando en los mercados de carbono, estarán envueltos por la incertidumbre”.
El artículo de Honty reconoce ese problema pero también resalta lo novedoso del plan: “Se requerirá mucho trabajo técnico y político a nivel mundial para que esta propuesta alcance un lugar reconocido entre las actividades de mitigación del cambio climático”.
Melo asegura que estas acciones dejan un mensaje de inconsistencia. “Hay que ser realistas y decir que la propuesta ha sido golpeada por los propios promotores de la misma, si pasa un año y no hay 100 millones, la principal culpa estará en quienes no prestaron su confianza debida y la falta de decisión por jugarse por una propuesta tan innovadora”.
Una de las principales fallas del actual fideicomiso, según Acosta y Melo, es la falta de coordenadas para saber qué extensión de selva es la que supuestamente no se tocará. Ellos no han detectado ningún documento oficial que les diga si se incluirá todo el parque o solo el sector de los yacimientos del ITT. “Sería vergonzoso para el país decir que está protegido únicamente una parte mientras que otra no, eso sería como vender un vehículo dañado y tomarle el pelo al país”, explica Melo.
Alberto Acosta ya piensa en el plan C para el Yasuní
En este mismo momento, Petroecuador cuenta con todos los estudios técnicos y con las herramientas legales para explotar el bloque 31, ubicado en todo el Parque Yasuní y que tiene las mismas características del ITT: megadiversidad y pueblos en aislamiento voluntario transitan por allí. “La explotación del bloque 31 solo es rentable si se explota el ITT”, dice Alberto Acosta.
Bajo esas condiciones el fideicomiso no asegura nada, solo es la apertura de una ventanilla donde colocar la plata y nadie puede asegurar que quienes aporten dejen allí el dinero.
En términos pragmáticos, Acosta reconoce todas las dificultades impuestas desde el régimen y por eso ya piensa en un nuevo plan. Amparado en el artículo 407 de la Constitución, quiere promover una consulta popular para que el pueblo se pronuncie por la explotación de la última selva del Ecuador. Entrevista
‘La propuesta es no emitir carbono’
Tarsicio Granizo / Subsecretario de Políticas del Ministerio Coordinador de Patrimonio
¿Por qué pedir la contribución económica de terceros países para la no explotación del petróleo en el Yasuní, cuando el artículo 57 de la Constitución niega toda posibilidad de realizar actividades extractivas en los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario?
La Constitución no contradice en nada el objetivo del fideicomiso que es una decisión soberana del Estado. Si un yacimiento está en la zona intangible no puede ser explotado pero debe entenderse que todo está dentro de la iniciativa de guardar el crudo. Eso dice el fideicomiso. Si la iniciativa no funciona se explota todo el bloque.
Le pregunto porque el contribuyente entiende que se le entrega un certificado por mantener 846 millones de barriles de crudo en tierra, pero parte de las reservas de Tambococha están en territorio de los pueblos en aislamiento y son imposibles de explotar, ¿por qué se dice entonces que son 846 millones y no menos?
Debe entenderse que el contribuyente está pagando por el carbono no emitido, los 846 millones de crudo suponen 406 millones de toneladas de carbono en la atmósfera y eso es lo innovador de la propuesta; el país no puede poner el petróleo en garantía y la contribución es por la no emisión de millones de toneladas de carbono. En caso de que el Estado explote uno de los campos, la iniciativa se termina y se les devuelve el dinero.
¿Y cómo los contribuyentes se asegurarán de que ese carbono no producido por la no explotación, no sea emitido por la importación de
combustibles u otros medios por el mismo país?
Es la contribución del país al mundo y eso no es solo tener el petróleo bajo tierra sino cambiar la matriz energética y por eso la inversión del dinero recaudado estará dirigido a proyectos de energías renovables. Emitiremos certificados de garantía a partir de cierto monto. Si Alemania dice que está dispuesta a entregar 60 millones por año, ese país recibirá un número de certificados por ese valor.
¿Cuál será el precio?
Se definirá cuando se constituya el directorio. El fondo se llenará cuando los contribuyentes reciban certificados por las 407 millones de toneladas de carbono al precio de la tonelada del mercado europeo, que es relativamente igual al precio del petróleo. Los certificados son intransferibles, no negociables, son certificados de carbono no emitido, a diferencia de los que se negocian en el mercado mundial que son de emisiones, por eso es novedoso y esperamos que sea acogido porque hasta el momento no se ha logrado reducir las emisiones en el mundo.
¿Y esta propuesta tiene acogida internacionalmente?
Países de Centroamérica se han acercado al PNUD a preguntar cómo avanza el proceso. No existe jurisprudencia sobre esto y por eso se avanza lentamente.
¿Quién es?
Biólogo de profesión y experto en proyectos de desarrollo social, es parte del grupo técnico que elaboró los términos de referencia y el fondo fideicomiso para la iniciativa Yasuní-ITT.