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Proyecto
BICECA

Corredor Multimodal Pasto-Mocoa e Hidrovía del Putumayo

Hacia finales del mes de marzo de 2008 las consultoras encargadas de los estudios ambientales para la carretera Pasto-Mocoa entregaron sus informes finales. En síntesis, éstos son los tipos de impactos que, según cada informe, ocasionará la vía en la región del piedemonte andino-amazónico.

Impactos de la Minería en la Reserva Forestal

En la gama de impactos sobre la región de la carretera Pasto Mocoa es prioritario destacar que actualmente en el área de influencia del proyecto existen 56 registros mineros para explotación y que como expectativa por la construcción de la variante, alrededor de 150 solicitudes de licencia para explotación de minerales y gravillas, que ocuparán un área de 3.157.131.764 m2, esperan ser otorgadas.

Esto hace que dicha actividad económica se convierta en una de las amenazas más preocupantes para la reserva forestal del Río Mocoa por cuanto inducirá con seguridad la llegada de habitantes de otras zonas del territorio en busca de integrarse a la minería, generando una fuerte presión sobre el ecosistema.

Como los impactos ambientales no se estiman de manera aislada sino en conjunto y también de acuerdo a la relación con otros impactos, la actividad minera en el área de reserva forestal intensificará los impactos ambientales identificados por los estudios ambientales. Impactos como defaunación, extinción de especies, deforestación por tala selectiva, fragmentación de hábitats y pérdida de cordones de vegetación sobre las márgenes de los ríos y los cuerpos de agua.

Estudio de Impacto Ambiental

El resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental presenta los impactos ambientales más relevantes que se generarán alrededor de la construcción de la variante San Francisco-Mocoa.

Aquí, el Resumen Ejecutivo del EIA. Sección de impactos ambientales, páginas 96 a 99:

Resumen Ejecutivo del Estudio Ambiental Regional 29 Apr 2008 [pdf, 1713 KB]

Evaluación Ambiental Regional

En esta evaluación, cuyo propósito era aportar la caracterización ambiental, social, cultural y económica de la región andino-amazónica sobre la que influirá directamente e indirectamente la carretera; la consultora quiso denominar “efectos” y no “impactos”, las consecuencias que acarreará en la zona la construcción de la vía.

Lo anterior por cuanto la palabra “impactos” guarda en su significado un alto grado de certeza sobre la ocurrencias de las predicciones que se hacen sobre los acto o las acciones; mientras que la EAR, por la complejidad y extensión de sus responsabilidades, y por ser una experiencia piloto en Colombia y la región, no puede hablar precisamente de predicciones en el sentido de los impactos.

De acuerdo con este estudio, los siguientes son los potenciales efectos que producirá la vía en la región:

Efectos Primarios, constituidos por aquellos inmediatos que genera la aparición de la vía en la regió:

  • Territoriales: caracterización de los centros población y organización territorial después de la vía; los efectos de la vía sobre Pitalito; y las condiciones de Villagarzón como nodo
  • Económicos: incremento de los servicios de transporte; incremento de la actividad lechera y de la producción de papa, y producción de fríjol en Sibundoy; incremento de la producción forestal para el mercado intrarregional, nacional e internacional; incremento del turismo en todos los niveles; comercialización nacional e internacional de productos exóticos y de la biodiversidad; y ocupación desordenada del territorio
  • Sociales: expectativas y conflictos sociales; la intensificación del proceso de alteración y pérdida de cosmovisiones culturales; gobernabilidad, pérdida de cohesión e integración social
  • Ambientales: sobre la biodiversidad regional del ecosistema andino-amazónico

Efectos Inducidos, que son aquellos efectos inmediatos desencadenados por los efectos primarios

Efectos Sinérgicos o sistémicos, que son los que se derivan de la presencia conjunta de efectos de diversa naturaleza, lo que hace que el efecto final sea mayor o incluso distinto que los efectos analizados cada uno por separado.

La sociedad civil que durante casi dos años acompañó el desarrollo de los estudios, pudo conocer los documentos de diagnóstico de la EAR e hizo una serie de anotaciones en cuanto al uso de ciertos conceptos, a los enfoques del análisis de efectos, y a la participación y control social en el proceso.

El 28 de mayo del año en curso, la sociedad civil presentó estas consideraciones a las autoridades locales de la región, a las autoridades nacionales del proyecto, y a miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, en una reunión que se dearrollo de forma múltiple en Washington D.C, en Bogotá, Medellín, y Mocoa. 

Concretamente, frente a los efectos que muestra la EAR, la sociedad civil consideró que el análisis debió recaer sobre los siguientes:

Efectos Ambientales 

  • Incremento en las tasas de deforestación
  • Incremento en la tala ilegal de especies maderables
  • Incremento en la extracción ilegal de fauna y flora
  • Conversión de ecosistemas naturales a usos agrícolas o pecuarios (aumento de la frontera agrícola)
  • Incremento en la demanda de recursos naturales locales y regionales

Efectos Sociales

  • Desplazamiento de pobladores locales sin título de propiedad sobre la tierra
  • Incremento en la inmigración a la zona de influencia del corredor
  • Concentración de la tierra por parte de personas ajenas a la región
  • Incremento en los precios de la tierra a lo largo del corredor y su área de influencia directa

Efectos Económicos

  • Aumento de prácticas y dinámicas económicas insostenibles en la región, especialmente como consecuencia de la inmigración
  • Establecimiento de actividades productivas insostenibles de mediana y gran escala

Efectos socio-culturales

  • Afectación de lugares sagrados o de significativa importancia cultural para las comunidades locales
  • Cambios en las dinámicas socioculturales de las poblaciones locales y afectación de su estilo de vida tradicional

El haberse detenido en estos impactos habría permitido la elaboración de estrategias mucho más definidas dentro del plan de acción del estudio.

Consideraciones Específicas entorno al Diagnóstico Ambiental de Alternativas de la EAR

En torno al componente ambiental del diagnóstico realizado para la Evaluación Ambiental Regional (EAR), la sociedad civil presentó las siguientes consideraciones con base únicamente en los capítulos 2 y 3 del “Documento Resumen de la EAR”, pues para el momento de la reunión de mayo con los actores políticos y financieros del proyecto, no había tenido acceso al documento completo del diagnóstico.

  • Riqueza de especies: El análisis de riqueza de especies debería ser complementado. El documento se limita a listar el número de especies presentes en la zona para diferentes grupos taxonómicos, sin hacer referencia a otros indicadores clave como la presencia de endemismos o especies de distribución restringida. Este tipo de información le hubiera dado mayor valor agregado e integralidad al análisis
  • Provisión de servicios ambientales: El documento se refiere muy someramente a los bienes y servicios ambientales proveídos por los ecosistemas naturales de la región. En este sentido, el documento del año 2007 de la World Wild Found, organización que hace parte de la sociedad civil que hizo seguimiento a los estudios ambientales, contiene un capítulo completo dedicado a este tema
  • Causas de pérdida de biodiversidad: El documento expone la fragmentación de ecosistemas como la principal causa de pérdida de biodiversidad. Si bien es cierto que ella sí es un factor determinante en la pérdida de biodiversidad, consideramos que el análisis debería haber sido más integral. Para ello, se sugiere revisar el capítulo de análisis de paisaje del documento de WWF (2007), en el cual se hace referencia a la pérdida de integridad ecosistémica como aspecto clave de amenaza sobre la biodiversidad

A juicio de la sociedad civil, el diagnóstico ambiental podría haberse basado en la siguiente estructura y contado con información clave como la siguiente:

  • Síntesis biogeográfica: El diagnóstico no la incluye. En este punto hubiera sido clave hacer referencia a las características físicas y climáticas de la región que favorecen la interacción andino-amazónica y que contribuyen a su riqueza en biodiversidad. Así mismo, considerar las rutas de migración de especies
  • Descripción de biomas: Estableciendo para ello una relación con los datos nacionales y ecorregionales para andes y amazonas
  • Descripción de ecosistemas: Más allá de las cifras de área/extensión presentadas en el documento, se debió hacer énfasis en el estado de conservación de los ecosistemas y en atributos ecológicos como: conectividad altitudinal, conectividad longitudinal, tamaño de fragmento, proximidad, etc. Esto con el fin de hacer comparaciones con otras regiones o tener un referente para el análisis de posibles impactos
  • Descripción de especies: El documento tiene grandes falencias en este respecto. Se basa únicamente en un documento de Corpoamazonia y uno de WWF (2007), pero presenta múltiples inconsistencias en la información e inclusive discrepancias en las cifras mostradas en diferentes párrafos
  • Provisión de bienes y servicios derivados de la biodiversidad: Se hace mención a los productos maderables y no maderables del bosque y al agua, pero no se hace mención a servicios como la regulación climática de la región y la captura de carbono
  • Evidencias de pérdida de biodiversidad y causas: Aunque el documento reconoce que la fragmentación es un elemento en la dinámica de pérdida de biodiversidad, ya se comentó que el análisis ha debido ser más integral, incorporando elementos de integridad ecosistémica.

El documento completo de comentarios y sugerencias a la Evaluación Ambiental Regional que la sociedad civil presentó al Invías y al BID en mayo, se puede encontrar en la sección biblioteca de este proyecto; contiene conceptos y recomendaciones muy concretas sobre el análisis de efectos territoriales, socioculturales y económicos, y sobre las estrategias del plan de acción resultado del diagnóstico macro regional.

Plan Básico de Manejo Ambiental y Social de Reserva Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (PBMAS) 

Impactos Ambientales

El dictamen oficial presentado por los consultores del PBMAS frente a la construcción de la variante es que esta obra atenta y pone en alto riesgo el mantenimiento y la conservación de la reserva. Dentro de las principales consecuencias ambientales negativas, se encuentran:

  • Cambios de uso del suelo por despeje de cobertura vegetal, principalmente bosque
  • Aumento de la extracción de maderas finas al aumentar la accesibilidad al área de la reserva
  • Tendencia creciente de ocupación e intervención de la reserva
  • Se generarán cambios en la morfología de la zona (patrón de drenaje, dinámica pluvial) 
  • Debido a la fragmentación de ecosistemas boscosos poco intervenidos, el componente biótico de la reserva será el que más se afecte en una  considerable biomasa de epifitas vasculares y no vasculares y una gran cantidad y diversidad de microfauna
  • La alteración del bosque protector al interior de la reserva forestal, afectará la regulación hídrica de la región

Algunas consideraciones sobre el diagnóstico económico del PBMARF

El diagnóstico sobre productividad y explotación minera en la reserva forestal y en su zona de influencia, revela una problemática con las siguientes características:

  • Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la ganadería y la minería, y cultivos ilícitos. Se cultiva maíz, papa, plátano, yuca, piña, chontaduro, caña de azúcar y en menor escala arroz, ñame, hortalizas y fríjol
  • Los cultivos de pancoger han desplazados por la ganadería extensiva, al punto que en la vereda Minchoy, por ejemplo, ya no se identifican, y en las veredas donde aún hay, como Mocoa, la producción es para el autoconsumo y una mínima comercialización. En el caso de Mocoa sí hay presencia de cultivos de pancoger y de algunas pocas frutas y hortalizas
  • Cultivos importantes y agremiaciones: CAFÉ/Gremio cafetero  COOPACOL; CAÑA y PANELA/Gremio ASOCICAÑA
  • Ganadería: esta actividad se ejerce para producción de leche en la parte alta de la reserva y para producción de carne en la parte media de la reserva. En la parte baja de la reserva la ganadería es para las dos cosas. La ganadería presenta grandes excedentes lácteos principalmente en el Valle de Sibundoy. Predomina la actividad de riesgo compartido conocida como MEDIERIA en la parte media de la reserva. La comunidad en general ha querido proyectar la ampliación de la ganadería dentro de la reserva pero el PFGB lo ha impedido. La cría caballar y mular es principalmente para el transporte
  •  Extracción maderera: la presencia de esta actividad se debe a la implementación de obras de infraestructura en la zona. Hay modelos extractivos no tecnificados ni sostenibles. Actualmente la extracción de madera para los hornos de cal y ladrillo cocido es ilícita por la condición de reserva que tiene el territorio. Se están buscando alternativas para disminuir la demanda de leña que tienen estos hornos, pero esto último es gravísimo puesto que está en juego la subsistencia de algunas familias que dependen completamente de la venta de leña
  • Alternativas de producción forestal: mopa mopa
  • Recursos minerales y energéticos: No hay hidrocarburos pero sí hay metales y minerales. Metales, minerales preciosos, metales básicos, calizas, carbón y materiales de la construcción. En Mocoa se desarrollan perforaciones de diamante y hay estudios de prefactibilidad económica. Existen grandes concentraciones de Cobre, también hay ZINC y Molibdeno (se dice que el mejor de toda Colombia). También hay presencia de Carbón, que no es de muy buena calidad por su alta producción de ceniza y valor calorimétrico. Hay areniscas cuarzosas y también mármoles y calizas, las cuales han recomendado utilizar industrialmente. Numero total de minas por material explotado: 11. Al interior de la reserva hay yacimientos de oro de aluvión y de filón en las formaciones del Macizo Colombiano. Hay yacimientos petrolíferos en los municipios de Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Guzmán
  • La actividad minera está conformada por la Asociación de Mineros de San Pedro en el Municipio de Colón, Asociación de Mineros de Puerto Limón en el Municipio de Mocoa, Asociación de Mineros del Jaunoy en el Municipio de Puerto Guzmán. La minería que predomina es la de aluvión a cielo abierto, en los ríos Mocoa, Caquetá y San Pedro principalmente. Por lo pronto no hay explotaciones subterráneas de mineral y las herramientas y el transporte de los trabajos que hacen los mineros de las asociaciones son muy rústicos. A pesar de su desarrollo en esta zona, la actividad minera no genera empleo a gran escala, únicamente pequeños núcleos que no superan las 10 personas
  • La extracción de minerales de construcción es la actividad más desarrollada en el departamento. Arenas y gravas son extraídas en grandes cantidades para la industria del petróleo y de la construcción, y la explotación de las calizas se hace a cielo abierto
  • Títulos Mineros al interior de la reserva: existen actualmente licencias de exploración y explotación. Los títulos mineros otorgados (10 en total según el informe de INCOPLAN) fueron registrados entre junio y julio de 2007, y de ellos siete (7) benefician a la multinacional canadiense Kedadah S.A.
  • Mopa Mopa: se han adelantado iniciativas respaldadas por Corpoamazonía en la investigación de explotación sostenible de madera
  • Una alternativa de ingresos económicos para la mayoría de familias es el Programa de Familias Guardabosque (PFGB). Algunas solicitan la continuidad del programa, otras, sin embargo, no están satisfechas por el manejo que Corpoamazonia le da al programa de reforestación

Según la información suministrada por algunas familias de la vereda San Martín del municipio de Mocoa, obtenida en la visita realizada a la zona recientemente, Corpoamazonía capta los recursos que el gobierno central destina para el PFGB, organiza a habitantes para la llevar a cabo la reforestación, pero no entrega los dineros a los sembradores, situación que genera bastante inconformidad.

A pesar de que esta situación no es homogénea en todas las veredas, el PFGB no satisface por completo las expectativas de la población del área de la reserva; las familias ven en este programa una limitación para la actividad agrícola y para otros proyectos productivos, muy a pesar que el gobierno insiste en exaltar sus beneficios económicos y sociales y en fortalecer su aplicación.

Vale mencionar que de la mano del PFGB se vienen desarrollando otros procesos productivos de iniciativa gubernamental, como la producción de artesanías con fines de exportación o las cooperativas de café y panela, actualmente en desarrollo. Sin embargo, las familias no lo ven como una solución real e insisten en que cada vez hay menos posibilidades de producción agrícola.

Si bien es cierto que éste es el programa que más ha captado familias, también ha sido causante de daños al suelo con el proyecto de Ganadería que impulsa en la zona. En la actualidad se diseña un plan de semiconfinamiento y cría silvopastoril de ganado. La idea con la tecnificación de la cría es obtener menos daños ambientales, mejorar los ingresos de las familias y cubrir el abastecimiento del municipio, pero no es un proyecto con proyecciones de aumento de demanda ni siquiera a nivel local regional. Si a eso se le suma la sobreproducción lechera del país, la importación de leche y la actual decisión del Gobierno Nacional de prohibir la venta de leche cruda en el país, se evidencia que es un proyecto que no está en capacidad de resolver de fondo las preocupaciones y necesidades de las familias.

En conclusión, el PFGB como propuesta para la sustitución de cultivos de Coca y como principal alternativa económica para las gentes de la región se presenta como una alternativa sin éxito.

De otra parte, la proyección económica de producir aceite de palma, frutas y flores, de extraer recursos forestales amazónicos, plantas medicinales, minerales, y soya del Brasil, no  da cuenta de cuáles serán las oportunidades para las gentes de la región, de participar de estas actividades productivas y así mejorar sus ingresos económicos y su calidad de vida.

Se sabe que durante el último Concejo Comunal realizado el 19 de abril en Sibundoy, el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, señaló enfáticamente el aumento de la producción piscícola en el Putumayo (cachama, trucha arco iris, y tilapia), presentándola como una importante ventaja competitiva de la región; no obstante, también se sabe que es uno de las líneas agropecuarias cuyo manejo se ha entregado a empresas multinacionales.

Entre tanto, los habitantes de las veredas ubicadas al interior de la reserva, los habitantes de su periferia, y los miembros de las comunidades indígenas, ante el hecho inminente de la construcción de la carretera han forjado expectativas de empleo y mejoramiento de ingresos. Contemplan la posibilidad de ser contratados como obreros de la construcción o de  comercializar sus productos una vez se haga realidad la ruta Mocoa-San Francisco atravesando la reserva, lo cual no constituye una expectativa real de bienestar para las comunidades.

Frente a esta problemática cabe preguntar por propuestas productivas alternativas que emanen  directamente de las sociedades regionales de la zona del proyecto y las beneficien; una necesidad que se hizo notar en el PBMARF por su ausencia.

El PBMARF se quedó cortó en propuestas productivas preocupadas por lograr la participación social en actividades que generen mejoramiento de sus ingresos, ni siquiera en lo referente a la vinculación de las comunidades a la administración, manejo, conservación y restauración de la reserva, tal y como está establecido en el mandato entregado por el INVIAS. En todo caso, los TDRs del PBMAS señalan que la participación de las comunidades en la administración de la reserva solo podrá darse en el marco de la conservación y restauración de la misma, excluyendo de plano cualquier alternativa.

Algunas consideraciones sobre el diagnóstico socio-cultural del PBMARF

Respecto al problema social existente en la zona que atravesará la variante, el PBMARF destacó lo siguiente:

  • La crisis que afrontan algunas organizaciones de productores  (el caso de COOPAMIT, cooperativa de productores agrarios) a causa de la falta de orientación y oportunidades para desarrollar verdaderos proyectos productivos, ha generado desmotivación y preocupación constante, sobre todo ahora que el PFGB culmina a mediados de 2008. Es el caso de la vereda Minchoy, del municipio de San Francisco, que inicialmente era principalmente productora de lulo y luego pasó a dedicarse a la actividad ganadera
  • En el caso de la Vereda San Pablo del municipio de San Francisco ya no hay pobladores, todos se trasladaron al casco urbano, perdiendo los valores y costumbres tradicionales que los caracterizaban. Frente a la construcción de la variante as familias piensan que sus tierras se valorizarán, se facilitaría la construcción de negocios y posadas turísticas con lo cual las familias podrían mejorar sus ingresos y prestar sus servicios a los visitantes de la zona
  • Algunas veredas de la reserva no poseen centros de salud ni siquiera para atender las urgencias, tampoco hay presencia de personal médico que los atienda en la enfermedad
  • Hay veredas que no tienen sistema de acueducto y alcantarillado ni provisión de energía eléctrica. La mayoría se abastece del líquido mediante una manguera que toma el agua que baja desde la montaña por los arroyos, y en el caso de la energía, suplen su necesidad con velas y algunos muy pocos con plantas eléctricas (lo que les resulta más costoso). Se valen de la leña para generar calor, combustible y preparar los alimentos. No hay circuitos de gas en las veredas. Es el caso de las veredas de Titango, Patoyaco y La Esperanza del municipio de San Francisco. Inclusive se habla de pasos de agua que se suspenderán porque serán atravesados por la vía
  • Las escuelas de algunas veredas tienen vieja infraestructura
  • Una gran inquietud la genera la creación de “frentes de colonización activa” que se producirá cuando la ejecución de la obra vaya abriendo caminos por zonas antes no intervenidas. Esto hará que ingrese nueva población a la reserva sin que hasta el momento se haya podido determinar su calidad y cantidad
  • La expectativa de ampliación de los resguardos indígenas aún no se resuelve 
  • Dentro del PBMARF no se desarrollará un Plan de Reasentamiento para Desplazados puesto que los habitantes con esta calidad, desde hace 6 años ubicados en la zona de inicio de la variante Mocoa-San Francisco, en el casco urbano del municipio de Mocoa, serán reubicados en una urbanización mediante un proceso a cargo de las autoridades locales y de organismos de cooperación internacional. Según el informe del PBMAS, Corpoamazonía asegura que no se generará desplazamiento físico
  • Las preocupaciones o expectativas de las comunidades indígenas del área de influencia de la variante son: revisión de todo los Acuerdos suscritos en 1997 a raíz del proyecto vial Santiago-San Francisco; reunión de alto nivel con INVIAS, Mineducación, Ingeominas, INCODER, Minagricultura y Minambiente para la revisión de dichos acuerdos, su vigencia, la responsabilidad institucional, y la capacidad de recursos para terminar el cumplimiento de los mismos; terminar los trámites que se vienen adelantando para la constitución de la ZONA INDÍGENA ESPECIAL MINERA ante Ingeominas para concretar la extracción de minerales que se utilizarán en la construcción de la variante; saneamiento y ampliación de los resguardos indígenas del Valle de Sibundoy; proyecto de desarrollo social y comunitario para los 6 cabildos como compensación por la construcción de la vía; vinculación en el proceso de construcción de la variante

La grave situación social que padecen las poblaciones que habitan la reserva, tanto colonos como campesinos e indígenas, es compleja y en el documento presentado por INCOPLAN no se advierten propuestas para el mejoramiento de las condiciones básicas de vida de las familias, ni para las solicitudes concretas de la comunidad indígena. Tampoco hay nada que haga pensar que la construcción de la variante resolverá en sí misma estas necesidades hasta ahora insatisfechas, menos cuando se advierte que el informe carece de un acápite de recomendaciones hechas por los habitantes que asistieron a las reuniones de socialización del proyecto, respecto de la administración y uso de la reserva y de proyectos económicos a los cuales puedan efectivamente vincularse.

Por otra parte, el documento señala que en la actualidad se desarrollan procesos de información y consulta pública entre otros actores con comunidades indígenas, a fin de articular aquellas de sus expectativas que sean acordes con el PBMAS con los proyectos que de allí se deriven.

Esto quiere decir que hay una clara limitación a las iniciativas que provienen de éstas comunidades toda vez que aquellas propuestas que no estén acorde al PBMAS no se incorporarán a los proyectos que se deriven del plan de manejo. Creemos que quizás debería ser al contrario, que dependiendo de las necesidades de las poblaciones, en este caso indígenas, se elabore un plan integral de manejo y conservación de la reserva; hay que recordar que la conservación de la reserva supone la búsqueda del beneficio para la todos los habitantes, no solo para aquellos que viven en ella sino también para quienes la circundan, porque de lo contrario hay que preguntarse ¿para quién se protege la reserva?.

Y precisamente con el argumento de conservar la reserva forestal como un espacio sostenible de servicios ambientales y económicos, justifican la negativa de implementar un Plan de Pueblos Indígenas, como el solicitado por el cabildo de Mocoa, a través del PBMAS.

Ahora, en cuanto a la ampliación de los resguardos el PBMARF manifiesta que este asunto no ha sido resuelto porque se trata de un área de reserva forestal, sin embargo este argumento contrasta con el hecho de que el Estado permita que corporaciones multinacionales como Kedahda S.A. accedan a la zona para explotar a escala los recursos naturales privando al tiempo a algunos habitantes de la región, de hecho los más pobres, de hacer pequeñas extracciones para su sostenimiento familiar.

De modo que lo más probable es que los miembros de las comunidades indígenas con toda su riqueza cultural tradicional se vean reducidas a esperar una participación en la implementación de la vía como obreros o a que se abran las vías con la esperanza de poder tener acceso al mercado para comerciar sus artículos, en tanto sus verdaderas necesidades quedarán aplazadas.

Finalmente, en cuanto a la población desplazada que será llevada a una urbanización, la lectura del documento revela que lo que las autoridades denominan “movilización” de estas gentes implicará verdaderamente un “redesplazamiento”, y bajo el argumento de que el proyecto en sí no causará un movimiento físico de población, el PBMAS queda exento de hacer un plan de reasentamiento para desplazados y el Estado o las empresas de tener que pagar una indemnización. Por lo pronto es incierto a dónde irán a parar estas gentes pues la urbanización donde estarán residiendo a futuro es por ahora solo un proyecto.

Para finalizar, la sociedad civil quiere dejar constancia de que existe una contradicción al interior del documento porque mientras en el punto 4.9 que habla sobre el Plan de Reasentamiento, se afirma contundentemente que la carretera no ocasionará desplazamiento de personas, más adelante en la sección correspondiente al Análisis DOFA del Entorno Institucional de Corpoamazonía en lo atinente a las Amenazas, el texto claramente advierte que de no adoptar las medidas de prevención y mitigación necesarias la construcción de la variante no solo ocasionará profundos impactos ambientales sino que también acarreará desplazamiento humano con las consecuencias económicas y sociales que implica la construcción de toda carretera, con el agravante del alto nivel de necesidades insatisfechas que ya soportan las familias de la zona.

Resumen de conclusiones

  • No está listo aún el Plan Básico de Manejo Ambiental y Social (que debe incluir una fórmula de compensación ambiental real y justa)
  • Los estudios no se alimentaron mutuamente
  • No hay propuestas de proyectos productivos alternativos
  • No hay registro de propuestas productivas de iniciativa de la comunidad
  • No hay propuestas de mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidades ni de atención a sus solicitudes
  • No hay un acápite de recomendaciones hechas por los habitantes que asistieron y participaron a las reuniones de socialización del proyecto, respecto de la administración y uso de la reserva y de proyectos económicos a los cuales puedan efectivamente vincularse
  • Existe la pretensión de que las necesidades de las comunidades se adapten al plan de manejo y conservación de la reserva, y no al contrario como debería ser
  • La reserva es vista como un espacio sostenible de servicios ambientales y económicos
  • Se avizora que efectivamente habrá un re-desplazamiento de la población desplazada a orillas de la carretera en sentido Mocoa-San Francisco
  • El objetivo ambiental del PND es en realidad un objetivo económico cuyo desarrollo se proyecta en el comercio exterior
  • Los ajustes a la legislación ambiental se vienen dando en el sentido de estatizar el territorio para entregarlo en concesión para la explotación de recursos ambientales
  • Por ser considerada una región estratégica para la explotación de los recursos ambientales, el gobierno planea expedir una ley para establecer el control y manejo de la riqueza de la Amazonia
  • No hay claridad frente al Proyecto de Decreto 300707
  • No hay integración o articulación entre los Planes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local, los Planes Regionales de Gestión Ambiental de Corpoamazonia, y la reserva forestal
  • La coexistencia dentro de la reserva de varias clases de categorías de áreas protegidas supone un dudoso manejo ambiental
  • Existe la posibilidad de desalojo y/o injusta compensación para los habitantes que viven en la reserva y no son propietarios de la tierra
  • No se ha establecido la fuente de financiamiento para el mantenimiento de la reserva
  • PBMARF de exhorbitantes costos económicos, los cuales, según funcionarios de Corpoamazonía, podrían haberse reducido a $100 millones de pesos o un poco más

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última actualización 09 febrero 2012
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